miércoles, 29 de febrero de 2012

Cierre de prostíbulos en La Pampa


La diputada provincial, Lidia Duperou presentó el proyecto sobre cierre de prostíbulos que aún permanecen habilitados en distintas localidades de la provincia. La iniciativa legislativa pide expresamente el inmediato cese de los locales donde se llevan a cabo actividades de explotación sexual o de incentivo a la explotación sexual, en vistas al cumplimiento de la Ley 12.331.



LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a efectos de solicitar:

a) que propicie las acciones necesarias a fin de lograr el inmediato cese de los locales donde se llevan a cabo actividades de explotación sexual o de incentivo a la explotación sexual, en vistas al cumplimiento de la Ley 12.331:
b) que informe acerca de las medidas, instrumentos y acciones proactivas llevadas a cabo desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad y de la Policía de La Pampa, en prevención del delito de explotación sexual y demás conexos.

2. Dirigirse al Superior Tribunal de Justicia a fin de que informe  –en los términos del Artículo 97, inc.8 de la Constitución Provincial- acerca de las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en concordancia con el “Protocolo de Actuación Relacionado con el Delito de Trata de Personas” creado por el Consejo Federal de Política Criminal, al que adhirió el Procurador General de la Provincia de La Pampa,  de los casos concretos en los que se haya llevado a cabo la colaboración en la investigación con la Justicia Federal y de los resultados obtenidos.

3) Solicitar al Parlamento Patagónico la urgente incorporación, en su agenda de trabajo, del tema del cumplimiento de la Ley Nacional N° 12.331 en cuanto al cese inmediato de los locales donde se lleven a cabo actividades de explotación sexual o de incentivo a la explotación sexual, así como lo relativo a la investigación y prevención del delito de trata de personas y demás delitos conexos.

Fundamentos

Retomamos en el actual mandato legislativo el proyecto N° 140 que impulsara en el 2009, el bloque del FREPAM, en la autoría del diputado (MC) Adrián Peppino. Aquel proyecto rescataba entre sus fundamentos declaraciones públicas del fiscal, Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, que sostuvo:”…La explotación reglamentada de la prostitución es un hecho en muchos lugares de la Argentina. Al menos dos municipios en La Pampa tienen reglamentado en ejercicio en abierta violación de leyes nacionales y tratados internacionales suscriptos por el país…”, como así también el titular de UFASE, recalcó que: “…Santa Rosa y General Acha normatizaron la actividad de “alternadoras” en locales de esparcimiento nocturnos, una medida que “brinda protección a proxenetas y obstaculiza las investigaciones judiciales en causas abiertas por trata de mujeres…”.
En el 2009 existían en el territorio provincial aproximadamente unos treinta y cinco prostíbulos conocidos eufemísticamente con el nombre de “whiskerías, cabarets”, entre otras denominaciones. Mientras tanto nuestra Provincia era testigo a diario de la comisión del delito de trata de personas, explotación sexual, servidumbre -entre otros- de los que daban cuenta los periódicos provinciales.
Referirnos al delito de trata es dar cuenta de un delito contra las personas y una violación a los derechos humanos. Desde el 2008 se encuentra vigente en nuestro país la Ley N° 26.364 de “Prevención y anción de la trata de personas y protección a sus víctimas”; si bien está en proceso de modificación respecto del consentimiento de la víctima, en su articulado queda expresado que por trata de personas  se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación.
La implementación de una política pública por parte del Municipio de Santa Rosa, se asumió  en un contexto en el que ya se había generado un punto de inflexión con la desaparición de Marita Verón, en abril del 2002,  a partir del reclamo de justicia por parte de su  madre Susana Trimarco. Además, se sumó a esto el informe producido por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en el que se consignaba a la provincia de La Pampa como destino de víctimas de trata de personas y a los locales llamados “whiskerías, cabarets, night club”,  como lugares de explotación.
En este escenario se fueron dando distintos instrumentos en nuestra Provincia para poner fin al funcionamiento de los locales nocturnos en los que se explotaba sexualmente a mujeres y adolescentes. Así, en concordancia con la medida tomada en Santa Rosa, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa, en junio de 2009, dirige una recomendación a los distintos municipios a fin de que se imite la decisión sobre el cierre de los locales nocturnos. 
También la Procuración General de la Nación -a través de la Resolución 99/09- instruye a los/as fiscales a actuar frente a los delitos de trata de personas y explotación sexual, como así también recomienda a los municipios la clausura de los locales (prostíbulos), al tiempo que promueve la caducidad de las ordenanzas que reglamentan lo que está prohibido por la Ley 12.331.
Aún cuando se avanzó favorablemente con el cierre de un alto porcentaje de los locales existentes en la provincia, como consecuencia de la concientización por parte de los niveles de decisión tanto de los Ejecutivos  municipales como así también de los Concejos Deliberantes y en el dictado de ordenanzas al efecto, persisten hoy habilitados una cantidad que no supera los diez dentro de nuestro territorio provincial, como en 25 de Mayo, General Acha y General Pico entre otras localidades. 
Estos locales cuentan aún con el aval de ordenanzas, al tiempo que, en algunos lugares se otorgan libretas sanitarias “especiales” para las personas que eventualmente “rotan” en las whiskerías y cabaret, donde  les exigen -entre otros- exámenes ginecológicos y de infecciones de transmisión sexual, dando un viso de legalidad a una práctica que está en franca contradicción con la legislación nacional vigente, como así también convenciones y tratados internacionales de los cuáles nuestro país es signatario.
Quedó demostrado que estos locales nocturnos eran la fachada para encubrir la explotación sexual de mujeres, en su gran mayoría jóvenes y adolescentes, de nacionalidad argentina y también migrantes extranjeras. La existencia de los prostíbulos, donde se facilita la prostitución, es la última fase del delito de trata, cuya complejidad se inicia en la captación de víctimas, que en general llega desconociendo no solo el contexto geográfico y cultural, sino que es sometida a condiciones engañosas respecto de la “oferta laboral” prometida.
Es en esta etapa de la explotación en la que salieron a la luz numerosos hechos que dieron cuenta de la existencia del delito de trata con fines de explotación sexual en la provincia;  de allí que quedara demostrado que las decisiones adoptadas en su momento por municipios con el dictado de ordenanzas que prohibieron la habilitación, contribuyeron a desenmascarar un delito a todas luces avalado desde el Estado, con habilitaciones comerciales, libretas sanitarias, entre otros requisitos que facilitaban la existencia del ilícito.
En agosto de 2011, se conoció públicamente a través de los medios periodísticos provinciales que se había cerrado en la localidad de Macachín “La Chicho show”, en este local y según el artículo de prensa, “Raúl Alberto Lobo, el ex trabajador del cabaré de Macachín “La Chicho Show” que denunció que en ese lugar fue víctima -junto a su familia- del delito de trata de personas…” .
Recientemente, un matutino provincial informó que: “… la fiscal federal de Santa Rosa, Marta Odasso, pidió que el intendente de 25 de Mayo, David Bravo, sea indagado porque sospecha que cometió el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y por violar la Ley 12.331 de Profilaxis al habilitar el cabaré Venus en esa localidad. … “(El Diario, 7 de febrero de 2012).
Todavía hay ciudades de la provincia, en las que aún se encuentran habilitados estos locales; esto nos indica que aún falta concluir la tarea. Así al menos lo ratifica un dictamen de Esteban Righi, Procurador General de la Nación, al sostener que: “las ordenanzas municipales de General Pico favorecen ‘bajo una aparente legalidad’ el proxenetismo y la trata de personas”, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emitido el 15 de noviembre, que lleva el número 398 XLVII, adhirió a la posición del Procurador.
Teniendo en cuenta que la policía tiene entre sus funciones colaborar con el Poder Judicial en la prevención e investigación de delitos, es que solicitamos tener información de las acciones pro activas llevadas a cabo en vistas al cumplimiento de la ley 12.331. En suma, hemos tomado conocimiento de que en algunas localidades de la provincia la policía es requerida por los municipios para la identificación de las personas que están en los locales nocturnos. Resaltando que esa información a la que accede la policía debe ser comunicada con urgencia a los agentes de justicia ya que resulta esencial para la prevención e investigación de los delitos en cuestión.
Consideramos que son necesarias herramientas que permitan el diseño de políticas públicas con enfoque de género para la prevención de este delito y el impacto que produce en las víctimas. 
Para ello, el Estado debe impulsar una gestión coordinada de los Ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad, de Bienestar Social, de Salud y de las Secretarías de Derechos Humanos y de Asuntos Municipales, como así también con el Consejo de la Mujer y de la Juventud. 
Asimismo, el Consejo Federal de Política Criminal, en el año 2009 aprobó el Protocolo de Actuación Relacionado con el delito de trata de personas. En sus considerandos expresa que la Ley 26.364 sancionada en el mes de abril de 2008 tiene por objeto represión y prevención de la trata de personas, así como la asistencia y protección a las víctimas, resaltando que si bien “dicha ley ha incorporado como delitos específicos distintos supuestos de trata de personas (arts. 145 bis y ter) a los que le asigna competencia federal…” agregando “…no puede dejar de advertirse que los supuestos de trata se encuentran muchas veces vinculados u ocultos detrás otras modalidades delictivas y/o convencionales de competencia ordinaria, con lo que la eficaz intervención de las jurisdicciones locales parece imprescindible a la hora de articular medidas eficaces para el esclarecimiento y represión del delito en estudio…”. (El resaltado no se encuentra en el original).
Ello es la confirmación de que los locales nocturnos –cuyo cierre exigimos mediante esta Resolución- son, además del lugar donde el delito de trata se consuma, el centro de comisión, facilitación y conexión de otros delitos, no menos importantes, pero que principalmente son de competencia ordinaria, o provincial. Tal como lo expresa el Protocolo: “Advertir que los supuestos de trata que la ley asigna al fuero federal pueden aparecer vinculados u ocultos detrás de otras hipótesis delictivas como las que prevén y reprimen los arts. 89, 90, 91, 125 bis, 126, 127, 130, 140, 142 bis, 146  del  C. Penal, como también de las leyes  nacionales números 12.331, 12.713, 22.990, 24.193. De manera tal que los Ministerios públicos de cada jurisdicción se comprometen a desarrollar investigaciones proactivas ante la presunción de que tales hechos se encuentran relacionado al delito de trata de personas.”
En el mes de diciembre de 2009, el Procurador General de la Provincia de La Pampa adhirió por resolución  al citado Protocolo, disponiendo: “El cumplimiento del Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa de los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación mencionados en el punto anterior” (art. 2).
En vistas al efectivo cumplimiento de este Protocolo es que solicitamos al Superior Tribunal de Justicia que informe cuantas veces se han puesto en práctica –a través del Ministerio Público- los lineamientos del Protocolo, con especificación de los casos concretos y los resultados obtenidos.  
Al tratarse de un delito complejo por las fases que lo componen y la caracterización que adquiere, en tanto se promueve a partir de la existencia de redes que operan en distintos puntos del país, es que sostenemos la necesidad de que la temática sea incorporada a la agenda de parlamentarios/as patagónicos. La reciprocidad en la acción y promoción de iniciativas legislativas favorecerán las medidas que tiendan a poner freno a este delito.
La visibilidad del tema en la agenda de la región es prioritaria ya que, además de velar por los derechos humanos de las personas que son víctimas, contribuirá a desalentar otros delitos conexos.
Este delito, tipificado desde el 2008 de carácter federal,  requiere de medidas que impliquen una fluida coordinación entre los organismos y estamentos del Estado, municipios, Policía, Poder Judicial, en cumplimiento de la legislación vigente en nuestro país. Las medidas pro activas de cada uno de los actores del Estado favorecerán un contexto para que la sociedad también desaliente prácticas que contribuyen a la existencia del delito. La desaprobación por parte de las autoridades, sean municipales, provinciales y del cuerpo legislativo serán fundamentales en la erradicación de la trata de personas.
Por los fundamentos expuestos, y ante datos de la realidad que indican la gravedad del ilícito y sus consecuencias en las víctimas, es que solicitamos el acompañamiento de los diputados y diputadas en la aprobación del presente proyecto.

Ruta Prov nº 4: Un mar de sospechas

La Dip Claudia Giorgis solicito explicaciones a Vialidad Provincial en relación a la licitación pública para repavimentar la ruta provincial nº 4


LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
RESUELVE

Solicitar al Presidente de Vialidad Provincial informe, en relación a la licitación pública para repavimentar la ruta provincial 4, los motivos por los que: 
1) El presupuesto oficial para la licitación 6/2011 sufrió un incremento de 36,28 % pasando de $ 29.951.000 a precios de enero 2011 a $ 40.819.000 en precios de nov/2011.
Puntualmente solicitamos se responda:
a) detalle de la composición del alto costo de casi $ 1.000.000 el km., tratándose de una repavimentación;
b) los años estimados por la DVP de vida útil de la misma en condiciones normales. 
2) Se agregó el requisito de tener el antecedente de reciclado de base en obras similares, además de contar con la propiedad de la recicladota de 350 hp como mínimo.
3) Se incrementó de $ 5.000 a $ 15.000 el valor del pliego para poder acceder a las condiciones y requisitos necesarios para cotizar la obra.
Así mismo solicitamos se nos informe de acuerdo a los registros oficiales de Vialidad Provincial cuantas empresas pampeanas poseen a la fecha (en propiedad) una recicladora de base de la potencia exigida y con experiencia en obras similares.

F U N D A M E N TO S

En estos últimos días hemos podido constatar que la Dirección Provincial de Vialidad –DPVactúa nuevamente de manera sugestiva al determinar el valor de una licitación pública, superando ampliamente los guarismos de inflación reales de la economía que de acuerdo a estimaciones privadas rondó el 22,8% para el año 2011.
La DPV es un organismo provincial autárquico que se maneja en forma absolutamente independiente de la normativa provincial, valiéndose de una legislación propia, fruto de una antigua intervención a ese organismo. Dicha legislación le otorga a su directorio atribuciones administrativas, de las que no goza ningún otro ente autárquico de la Provincia ya que son propias del Gobernador, que les permite funcionar como un Estado dentro de otro Estado, como por ejemplo que desconozca el Registro de Licitadores de la Provincia o el establecimiento de requisitos en los pliegos licitatorios, que superan lo requerido por la ley 38 de Obras Públicas, entre otros. Es decir, a partir de esta legislación se generaron condiciones que les permitió saltear controles y posibilitar, por ejemplo, el direccionamiento de las licitaciones.
Por estos motivos en Abril del año 2011 presentamos el proyecto de ley N° 60 para introducir modificaciones en la ley 577, que rige la Dirección Provincial de Vialidad (y cuyos fundamentos hoy gozan de una gran vigencia) que tenía por objeto imponer limitaciones a tanto descontrol y campo fértil para el direccionamiento de las licitaciones, las que se transformaron en “trajes a medida” para empresarios amigos y familiares del poder. 
Por lo expuesto solicitamos a los Sres. Diputados nos acompañen con el siguiente proyecto.

miércoles, 15 de febrero de 2012

Proponen designar a la Ruta Provincial Nº 2 como “GRITO DE ALCORTA”

El Dip Juan Carlos Olivero ante la proximidad del centenario del llamado GRITO DE ALCORTA, a elaborado y presentado el siguiente proyecto de

LEY:


Articulo 1º: Designar con el nombre de “GRITO DE ALCORTA”, a la Ruta Provincial Nº 2, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 35 y la Ruta Provincial Nº 7.-
Artículo 2º: Colocar la señalización correspondiente que identifique la designación detallada en el artículo precedente, entre el kilómetro 55 y el kilómetro 85 de la Ruta Provincial Nº 2.-
Artículo 3º: De forma.-

FU DAME TOS:

El día 25 de Junio del corriente año, se cumplirán los cien años del llamado GRITO DE ALCORTA, siendo éste un movimiento que surge de los chacareros arrendatarios de la Pampa Húmeda ( Sur de Santa Fe, Noroeste de Buenos Aires , Sureste de Córdoba y la Provincia de La Pampa ) que posteriormente se extendería al resto del País.- 
El detonante fue la formidable cosecha de 1.912, al comprobar los chacareros que luego de pagar sus deudas nada quedaba para ellos y si bien no modificó sustancialmente la estructura agraria, favoreció el surgimiento de organizaciones campesinas en otros lugares del país, como la Liga Agraria de Bahía Blanca y la Liga Agraria de La Pampa, como podemos apreciar, el Grito de Alcorta fue mucho más que una huelga justa y el triunfo de una reivindicación del trabajo.-
Fue el primer paso que se dio en la historia argentina para corregir las relaciones de propiedad rural imperantes en nuestro país, siendo pocos los dueños de las tierras y se profundizaba la brecha económica entre terratenientes y arrendatarios.-
Fue el origen de organizaciones de economía social y representaciones de intereses gremiales que generaron una racional explotación de la tierra y distribución de su producto y procuró vincular sus intereses de sector con el interés nacional y la defensa de la instituciones democráticas.-
El resultado directo fue la fundación de la Federación Agraria Argentina el 15/08/1.912, que se constituyó en la herramienta de los pequeños y medianos productores con la cual lucharon para mejorar sus condiciones de vida y acceder a la propiedad de la tierra, teniendo el primer logro con la Ley de arrendamientos, concretándose en el año 1.921 durante el Gobierno de Hipólito YRIGOYEN.-
A partir de este movimiento se crearon las condiciones para que los gobiernos populares que a partir de 1.916 llegaron al poder, (cada dictadura militar produjo un nítido retroceso) permitieran una gradual democratización de la propiedad y el acceso de miles de agricultores a su porción de tierra que le dieron el paisaje a toda una región y fueron el motor del desarrollo y el progreso en el siglo XX de nuestro país.-
El 04/08/1.913 el Diputado Nacional, Juan B. JUSTO, presenta en el Parlamento Nacional el primer Proyecto de Ley de Arrendamientos.-
En el año 1.948 se sanciona la Ley Nº 13.246 de arrendamiento y aparcerías rurales durante el Gobierno de Juan D. PERON.-
En el norte de nuestra Provincia atraviesa de este a oeste la Ruta Provincial Nº 2, región donde en cada uno de los pueblos se fundaron Cooperativas Agropecuarias y es por ello que en reconocimiento al movimiento gestado en Alcorta, que este año arriba a los cien años, es que proponemos tal iniciativa.-
Por estos breves fundamentos y los que expondremos al momento del tratamiento, es que solicito a los Legisladores Pampeanos, acompañen con su voto el presente proyecto de Ley.-

sábado, 4 de febrero de 2012

Diputada Delma Sánchez solicita "La exención total o parcial correspondientes al pago del impuesto inmobiliario rural, durante el período de la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

El presente Proyecto es de autoría de la Diputada Delma Sánchez y trata sobre la modificación del Artículo 9 de la Ley 1785.  En pocas palabras se solicita "La exención total o parcial correspondientes al pago del impuesto inmobiliario rural, durante el período de la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa
BLOQUE FREPAM

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- Incorpórase como artículo 9º quáter a la Ley Nº 1785 el siguiente texto:
“Artículo 9º quáter.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º, el Poder Ejecutivo podrá disponer los siguientes beneficios:
a) La exención total o parcial de los vencimientos correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural que operen durante el período de la declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario.-
b) La condonación total o parcial de las deudas por atrasos en el Impuesto Inmobiliario Rural originadas a partir de la acumulación de vencimientos por efecto de declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario anteriores.-
c) La suspensión por hasta 180 días de finalizada la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario de las ejecuciones fiscales por vía de apremio, para el cobro de los impuestos adeudados por los titulares de las parcelas comprendidos en la presente Ley.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
No es casualidad que la última sequía del 2008/09, conjuntamente con el azote que recibió el país como consecuencia de la crisis financiera internacional, que deprimió el nivel de actividad, y por ende la recaudación y las transferencias a las provincias, fuera el peor año que se recuerde desde la recuperación económica iniciada a partir del año 2003.-
Hoy frente a las adversidades que supone esta nueva sequía para el sector, la economía en su conjunto vuelve a estar amenazada por los efectos del fenómeno climático, que ocasionan un menor ingreso para los productores, y en consecuencia una menor transferencia de recursos a otros sectores de nuestra economía, lo que se traduce en un menor nivel de actividad.-
En tal sentido, en la medida de que se implementen medidas que ayuden a mejorar la competitividad del sector en este escenario adverso, estaremos contribuyendo a mejorar las perspectivas del resto de los sectores.-
Por ello es que creo pertinente incorporar a la Ley Nº 1.785 de Emergencia Agropecuaria algunas ventajas que posibilitarán descomprimir la situación financiera de los productores en un contexto donde su ingreso se va deprimiendo pero sus costos y obligaciones se mantienen.-
Concretamente, me refiero a la necesidad de poder eximir total o parcialmente, según el caso, a los productores comprendidos en la emergencia y/o desastre, de la obligación de afrontar los vencimientos correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural que operan dentro del período de la declaración.-
Paralelamente, también me parece oportuno proponer la posibilidad de que se puedan condonar, total o parcialmente, las deudas correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural, que surgen por efecto de la consecución de las declaraciones de emergencia y/o desastre, a partir de las postergaciones en los vencimientos que estas ocasionan. Como así también, la suspensión de las ejecuciones por vía de apremio, por un plazo determinado.-
Estas alternativas pueden convivir perfectamente con la batería de medidas ya existentes en la Ley, y su implementación puede ser evaluada en el marco de la coyuntura. Comparto la decisión del Gobernador en lo inherente a la reciente prórroga de la declaración de emergencia, aunque creo que las medidas que se toman en el marco de la misma tienen que ser reforzadas.-
En la medida que morigeremos la presión sobre el bolsillo de los productores en la salida de la emergencia, mayores herramientas tendrán estos para recuperar sus explotaciones de las nefastas consecuencias que genera un clima adverso.-
Estas nuevas disposiciones que se proponen ya rigen en otras jurisdicciones. Por ejemplo, las Provincias de Córdoba y Buenos Aires cuentan en sus respectivas Leyes de Emergencia Agropecuaria con la posibilidad de eximir total o parcialmente a los productores de las obligaciones impositivas que operan dentro del periodo de la declaración. Por otra parte, la Ley de Emergencia de la Provincia de Santa Fe, permite condonar las deudas impositivas que surjan por acumulación de diferentes declaraciones.-
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.